| Un faltante por más de 1.780 millones de pesos fue descubierto en la Universidad de Pamplona tras una auditoría especializada a los ingresos de los programas de posgrados, pregrados, especializaciones y educación a distancia ofrecidos en Venezuela y el Valle del Cauca.
La auditoría ordenada por la Contraloría General de Norte de Santander se hizo en el área financiera de la universidad y abarcó las vigencias de los años 2004, 2005 y 2006.
El informe preliminar de la comisión auditora contiene las falencias e inconsistencias encontradas en esos programas, tales como el recaudo y uso de recursos financieros por parte de funcionarios sin las pólizas de manejo correspondientes, la destrucción de archivos y la expedición de actas de graduación a 41 estudiantes que no pagaron en su totalidad los costos educativos. En el documento se detalla caso por caso.
Según el informe enviado al rector de la Universidad de Pamplona, Álvaro González Joves, por el contralor del Departamento, Carlos Arturo Andrade, en desarrollo de la auditoría se establecieron 10 hallazgos administrativos, cinco con alcance disciplinario y cuatro con alcance fiscal.
Los programas objeto de la auditoría fueron los de recreación comunitaria que se cumplieron en La Grita, Tovar, Coloncito, El Vigía, Casigua, San Cristóbal y en los que participaron estudiantes venezolanos de diferentes ciudades y poblaciones de los estados fronterizos. La auditoría también encontró irregularidades en el programa de educación a distancia del Valle del Cauca, de acuerdo con el informe de la Contraloría.
Las conclusiones de dicho informe son las siguientes:
–Recaudo de matrículas de posgrados ofertados en Venezuela y sus manejos financieros por los directores de los programas sin tener las pólizas correspondientes, se confirma el presunto hallazgo administrativo y fiscal, por valor de 18 millones 430 mil 474 pesos.
–Recaudos por concepto de matrículas en cada programa de posgrado,se confirma el hallazgo administrativo, disciplinario y fiscal por valor de 888 millones 624 mil pesos.
–Recaudo de matrículas de posgrados y pregrados en Venezuela, y sus manejos financieros por los directores de los programas sin tener las pólizas correspondientes, se confirma el hallazgo administrativo. También se confirman hallazgos administrativos en los costos educativos del programa de pregrado a distancia ofrecido en Venezuela, y en los convenios interinstitucionales, pólizas y garantías de ley. –Verificación de los soportes financieros encontrados en las hojas de vida de los alumnos de posgrados con la oficina de pagaduría y tesorería, se confirma el hallazgo administrativo. –Funciones y procedimientos de reporte de pagos de Unipamplona, no se confirma el hallazgo administrativo. –Cuentas bancarias que maneja la universidad, no se confirma el hallazgo administrativo. –Personas encargadas de los diferentes programas en las sedes del vecino país involucradas en el hecho investigado, se confirma el hallazgo administrativo y disciplinario. –De las irregularidades acaecidas en los ingresos por matrículas financieras en el Cresd del Valle del Cauca, en Cali, se confirma el hallazgo administrativo, disciplinario y fiscal en valor de 140 millones de pesos.
–Diferencias en recaudos en los programas a distancia ofertados en la República Bolivariana de Venezuela en el año 2006, se mantiene el presunto hallazgo administrativo, disciplinario y fiscal en un monto de 775 millones de pesos. –Manejo financiero por parte de la Universidad a los costos educativos en los programas de posgrado y distancia, se confirma el hallazgo administrativo. Destrucción de archivos En el programa de especialización en gestión educativa desarrollado en Guasimos y Coloncito (Venezuela), durante los años 2004 y 2005, los auditores de la Contraloría de Norte de Santander analizaron una gran cantidad de muestras seleccionadas, en las actas de grado, los paz y salvo financieros, y los documentos de identidad de cada uno de los estudiantes de dichos programas, a los cuales no fue posible realizar la conciliación de sus respectivos pagos, “por cuanto la Universidad destruyó las consignaciones (soportes contables), que reposaban en cada una de las carpetas de los graduados hasta la vigencia 2005, según lo manifestado y consignado por los funcionarios responsables en sendas actas de visitas fiscales suscritas, vulnerándose en forma flagrante el decreto 2649 de 1993, en su artículo 134, que al tenor dice:
‘Conservación y destrucción de los libros. Los entes económicos deben conservar debidamente ordenados los libros de contabilidad, de actas, de registro de aportes, los comprobantes de las cuentas, los soportes de contabilidad y la correspondencia relacionada con sus operaciones. Salvo lo dispuesto en normas especiales, los documentos que deben conservarse pueden destruirse después de veinte (20) años contados desde el cierre de aquellos o la fecha del último asiento, documento o comprobante’.
“De igual forma es preciso reseñar que dentro de las actividades ejecutadas en el ejercicio fiscal, la comisión logró establecer que no existen manuales de procedimientos o actos administrativos internos de la universidad que den pie legal o fundamento para que los funcionarios ejecuten la destrucción de dichos soportes contables, entre los que se resaltan las consignaciones bancarias, pues éstos son la garantía de los registros de las operaciones financieras de cada estudiante y de la misma entidad para conciliar sus operaciones.
“Así mismo, cabe anotar que la universidad al destruir dicho material contable, actuó presuntamente en forma dolosa, puesto que no dejo, oportunidad a la entidad de control, para confrontar físicamente las operaciones que se derivaron de los costos educativos de cada estudiante en los programas antes citados durante las vigencias de 2004 y 2005 respectivamente; a lo cual la universidad deberá entrar a responder y sustentar, teniendo en cuenta que a la fecha, no existen los pagos; es decir, las consignaciones de los costos educativos por cada uno de los estudiantes graduados.
“Ahora bien merece la pena igualmente señalar, que aunado a la destrucción, se evidenció dentro de las carpetas analizadas en los programas de posgrados, que aparecen suscritas un sinnúmero de constancias expedidas por la directora de la facultad de estudios a distancia, respecto al estado financiero de los estudiantes graduados en el año 2006; paz y salvo, éste, que reseña fechas anteriores a las de las consignaciones, lo que permite inferir que se expedían dichas constancias, sin haberse cancelado en su totalidad los costos educativos, situación ésta, que crea duda e incertidumbre sobre lo que pudiese haber ocurrido en los años 2004 y 2005, vigencia de las cuales se destruyeron sus soportes”, consigna en en uno de sus apartes el informe de la Contraloría General del Departamento sobre la auditoría hecha a la Universidad de Pamplona.
Tomado de http://www.laopinion.com.co/lunes/regional.asp | 
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